La Coordinadora Verde pide al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como a la Junta de Andalucía, que investiguen las denuncias realizada por las personas afectadas por expropiaciones así como por la Plataforma en Defensa del Castril en relación a los fallos y errores en la ficha medioambiental del trasvase del río Castril en Granada.

Según dicha denuncia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir habría cometido un supuesto “fraude de ley” en la ficha medioambiental presentada ante el MARM con el fin de eludir el Estudio de Impacto Ambiental al que estaría obligado de no haber “maquillado” los datos en dicha ficha. En concreto, la CHG habría omitido que la obra afecta al conjunto histórico de Castril, declarado Bien de Interés Cultural, habría cuantificado la extensión de las obras en menos kilómetros de los reales y habría cometido el “error” de no notificar que las obras afectarían a la vegetación de ribera al atravesar el río por tres puntos, cuando cada una de dichas circunstancias obligarían por sí mismas a la realización del estudio de impacto.

Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, afirma “que es inadmisible, de todo punto, que responsables políticos o altos cargos pagados con dinero público se dediquen a realizar este tipo de chapuzas y enjuagues, cuando además la justificación para realizar esas obras, declaradas de emergencia por Real Decreto 1419/2005, de 25 de Noviembre, fue tumbada por el Tribunal Supremo que declaró dicho decreto “nulo de pleno derecho”. Los 10,5 millones de euros de dinero público en que están presupuestadas las obras tienen mejor destino social y medioambiental que el de unas obras innecesarias, supuestamente ilegales y en fraude de ley en que parecen haberse empecinados las autoridades”

Por otra parte, la coportavoz Sonia Ortiga, pide que “la Guardia Civil, en lugar de proteger en la zona a la maquinaria en contra del clamor de los vecinos que se oponen a las obras pacíficamente, debería estar protegiendo la legalidad de las actuaciones y la integridad territorial, por lo que pide la retirada de la Guardia Civil y la intervención del Seprona”

“Investigación, responsabilidades técnicas y políticas, retirada de la Guardia Civil y la restitución de los bienes medioambientales afectados a su estado anterior son las reclamaciones que desde la Coordinadora Verde realizamos a la ministra de Medio Ambiente y al presidente de la Junta de Andalucía, ante la vergüenza de que sean niños, ancianos y mujeres los que tengan que organizarse y enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger el patrimonio natural que les pertenece y que se les quiere arrebatar con dudosas artimañas”